Gratuidad de la primera matrícula en la Universidad - Página de Pedro Sánchez Castejón
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Gratuidad de la primera matrícula en la Universidad

 

Algo no funciona en nuestro sistema universitario cuando más de 70.000 jóvenes han tenido que abandonar en los últimos años sus estudios. Situaciones vitales como una desgracia familiar sobrevenida o la mera imposibilidad material de anticipar el pago de una matrícula, a la espera de que se materialice la llegada de una beca, han provocado que miles de jóvenes abandonen la formación universitaria en nuestro país.

La medida que acabo de anunciar, para permitir la gratuidad de la primera matrícula en los estudios de grado universitario de nuestro sistema público, cuestiona esa realidad que se ha ido abriendo paso en medio de la desidia de la derecha en este terreno. Desidia amplificada por el incremento, en un 30% de las tasas universitarias para sustituir la retirada del estado en la financiación pública de nuestro sistema universitario, en un porcentaje similar en los últimos años.

Ante la retirada del estado en la financiación pública universitaria, hasta situarnos muy por debajo de la media europea y de la OCDE, hay un camino que conduce a la resignación y otro a la propuesta para revertir este escenario.

España se enfrenta al dilema de consolidar un modelo económico basado en la precariedad y los bajos salarios o apostar por el valor añadido del conocimiento y la tecnificación para recuperar un futuro que se nos escapa entre las manos cuando el gobierno apuesta.

Al dilema de que la cuna o la agenda de contactos condicione el desarrollo humano de una sociedad y se desentienda de los obstáculos reales que, en unos casos son un simple escalón, y en otros un muro inalcanzable que segrega desde edades tempranas.

El mecanismo de financiación que planteamos tendría una implantación progresiva de cuatro años, con la elevación paulatina del umbral de renta que permita ir extendiendo los tramos de gratuidad para favorecer, en primer lugar a las familias con menores recursos.

Y supone, en definitiva, considerar que la educación universitaria como un derecho subjetivo,  digno de ser protegido y amparado, para que su ejercicio no pueda estar sujeto a condicionantes anclados en la desigualdad de partida, con la que cada hombre y mujer arranca desde edades tempranas. Servicios públicos esenciales, como la sanidad o la educación, no pueden estar sujetos a precondiciones que partan del copago, o los hagan, en la práctica, inaccesibles para una mayoría.

El camino que nosotros planteamos recorrer con esta medida ya ha sido abierto por países que son el referente de las políticas más inclusivas del estado del bienestar.

Y, en la disyuntiva, yo soy de los que prefieren que España se parezca a Suecia, Dinamarca, Finlandia o Alemania.